La reforma busca digitalizar el juicio de amparo y acelerar procesos, pero abogados advierten que podría restringir derechos fundamentales.
Este miércoles 1 de octubre, el Senado de la República discutirá y votará una de las iniciativas más importantes del año: la reforma a la Ley de Amparo impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La propuesta, que de acuerdo con la mandataria busca transformar el Juicio de Amparo para hacerlo más ágil y accesible, busca reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La propuesta plantea endurecer los requisitos para presentar amparos, limitar las suspensiones provisionales y acortar los plazos de resolución judicial, lo que ha generado inquietudes entre activistas y organizaciones civiles, pues se trata de una herramienta clave en la defensa de los derechos humanos.
¿Qué es la Ley de Amparo y cuál es su función?
La Ley de Amparo es un mecanismo jurídico en México que protege los derechos humanos de los ciudadanos ante actos de autoridad que puedan resultar lesivos.
Este juicio permite a las personas impugnar normas o actos que consideran violatorios de sus derechos, garantizando así el acceso a la justicia y la defensa de sus derechos fundamentales.
La reforma propuesta busca modernizar este proceso, pero también ha despertado preocupaciones sobre sus posibles efectos negativos en temas como el interés legítimo, inmunidad respecto de las suspensiones y la negativa a la ampliación de demanda.
Desde el lunes y hasta este martes 30 de septiembre, las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos llevaron a cabo las audiencias públicas en las que se dialogó con expertos sobre esta iniciativa.
Principales cambios propuestos en la reforma a la Ley de Amparo
La iniciativa que se discutirá en el Senado incluye siete cambios fundamentales:
1. Redefinición del Interés Legítimo: Se establece que la norma o acto impugnado debe causar una lesión jurídica real y diferenciada al quejoso, impidiendo así que se reclamen intereses meramente hipotéticos.
2. Restricción de la Suspensión del Acto Reclamado: Se introducen nuevas causales que limitan la suspensión provisional, especialmente en casos de bloqueo de cuentas y deuda pública, donde la persona quejosa debe demostrar el origen lícito de sus recursos.
3. Establecimiento de Plazos y Sanciones por Incumplimiento: Se propone la creación de plazos específicos para el cumplimiento de sentencias y sanciones a autoridades que no acaten estas órdenes.
4. Juicio de Amparo Digital: La reforma busca implementar un marco legal para un Juicio de Amparo completamente digital, garantizando que quienes no tengan acceso a medios digitales no se vean perjudicados.
5. Restricción en la Ampliación de la Demanda: Se limita la posibilidad de ampliar la demanda a casos expresamente previstos en la ley, buscando una mayor celeridad procesal.
6. Cumplimiento y Ejecución de Sentencias: Se plantea un enfoque más riguroso sobre cómo deben cumplirse las sentencias de amparo.
7. Armonización con el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Se busca que la Ley de Amparo esté alineada con otras normativas fiscales y administrativas.
Críticas y preocupaciones sobre la reforma a Ley de Amparo
A pesar de la intención declarada de hacer el Juicio de Amparo más accesible, varios expertos y defensores de derechos humanos han expresado sus preocupaciones, principalmente:
- Afectación a los derechos de personas con menos recursos: La redefinición del interés legítimo podría limitar el acceso al amparo para quienes no pueden demostrar una lesión específica.
- Blindaje de autoridades: Se argumenta que la restricción de suspensiones otorga mayor poder a las autoridades, dificultando la defensa de los derechos de los ciudadanos.
- Proceso menos ágil y más costoso: Algunos críticos, como la abogada feminista Melissa Ayala, han señalado que los cambios podrían hacer que el proceso sea más complejo y pesado.
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Este miércoles 1 de octubre, el Senado de la República se apresta a discutir y votar una reforma crucial: la Ley de Amparo, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa busca modernizar el juicio de amparo, haciéndolo más ágil y accesible, al tiempo que introduce cambios significativos en el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
### Cambios propuestos en la Ley de Amparo
La reforma contempla una serie de modificaciones que han generado controversia. Entre los cambios más destacados se incluyen el endurecimiento de los requisitos para presentar amparos, la limitación de las suspensiones provisionales y la reducción de los plazos para la resolución judicial. Estas medidas han levantado alarmas entre activistas y organizaciones civiles, quienes advierten que podrían poner en riesgo derechos humanos fundamentales, al restringir el acceso a esta herramienta de defensa.
### El papel de la Ley de Amparo
La Ley de Amparo es un mecanismo esencial en México que protege los derechos humanos de los ciudadanos frente a actos de autoridad que puedan resultar lesivos. Permite a las personas impugnar normas o actos que consideran violatorios de sus derechos, garantizando así su acceso a la justicia. Sin embargo, la reforma propuesta ha suscitado inquietudes sobre su posible impacto negativo en la defensa de los derechos humanos, particularmente en lo que respecta a la redefinición del interés legítimo y la restricción de las suspensiones.
### Críticas y preocupaciones
Expertos y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por los efectos adversos de la reforma. Se teme que la redefinición del interés legítimo pueda limitar el acceso al amparo para personas con menos recursos, y que la restricción de las suspensiones otorgue mayor poder a las autoridades, dificultando la defensa de los derechos ciudadanos. Además, se argumenta que el proceso podría volverse más complejo y costoso, lo que afectaría a quienes más necesitan protección legal.