México y Argentina se abstienen de firmar declaración; se ofrecen como mediadores
En respuesta conjunta, 59 países miembros de las Naciones Unidas firmaron el pasado 22 de junio una declaración en la que condenan la violación a los derechos humanos en Nicaragua cometidos en contra de políticos, periodistas y ciudadanos en general, e instaron a que se realicen elecciones libres y pacíficas.
“Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada (de Derechos Humanos Michelle Bachelet) sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables”, señala la declaración.
El conjunto de naciones exigió que el país centroamericano se comprometa con la comunidad internacional y que permita la participación de observadores electorales para que se “restablezca el dialogo y se renueve la confianza en la democracia”.
La votación en Ginebra se realizó horas después de que la organización Human Rights Watch (HRW) le insistiera a la ONU que “incrementaran la presión” sobre el gobierno de Ortega para parar la represión y la violencia.
Esta misma organización presentó un informe sobre la situación en Nicaragua en el que declaran al tema “como una crisis de gran magnitud que involucra graves violaciones de derechos humanos y que podría afectar la estabilidad en la región”.
Sin embargo, México y Argentina se abstuvieron de firmar dicha declaración y por su parte emitieron un comunicado conjunto donde se ofrecen como facilitadores de un posible diálogo con el presidente nicaragüense Daniel Ortega.
En el comunicado difundido simultáneamente por la presidencia argentina y la Secretaria de Relaciones Exteriores, Argentina y México hicieron un llamado a sus embajadores en Nicaragua, Daniel Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera, respectivamente, a trasladarse a sus capitales, con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones político-legales realizadas por el gobierno nicaragüense.
Ambas naciones declararon que se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la “hermana República de Nicaragua” y seguirá promoviendo el respeto a los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión.
Por su parte, la embajada de México puso a disposición de los mexicanos que se encuentren en Nicaragua una línea de ayuda para ofrecerles cualquier tipo de asesorías o protección consular.
Estos anuncios se dan como respuesta a la oleada de violencia y arrestos en Nicaragua a cinco meses de las elecciones presidenciales, en los que Ortega buscará la reelección.
Entre los detenidos se encuentran activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, ciudadanos en general y figuras políticas, como candidatos presidenciales, entre los que destacan Miguel Mora, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Cristina Chamorro Barrios y Arturo Cruz, quienes se encuentran en arresto domiciliario.
Daniel Ortega gobernó por primera vez de 1985 a 1990, volvió al poder en 2007 y, a sus casi 76 años, busca su tercera reelección para un quinto mandato presidencial, el cuarto de forma consecutiva.
CR