La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha tomado el caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, quien fue asesinada hace 23 años en Ciudad Juárez, según reveló su madre, Norma Andrade, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Andrade expresó su esperanza de que esta noticia pueda traer libertad, tranquilidad y paz a México, y que la Corte obligue al Estado mexicano a cumplir con sus responsabilidades. El caso de Alejandra ha sido marcado por la falta de acción de las autoridades y la impunidad que prevalece en estos casos.
El trágico suceso ocurrió el 14 de febrero de 2001, cuando Alejandra, de 17 años y madre de dos hijos pequeños, salió a trabajar y nunca regresó. Su madre acudió a las autoridades para solicitar ayuda en la búsqueda de su hija, pero lamentablemente no se inició de inmediato. El 19 de febrero, una mujer en Ciudad Juárez identificó a una joven desnuda que huía de un hombre con las características de Alejandra, pero las autoridades no llegaron a tiempo y dos días después se encontró su cuerpo en un terreno baldío, evidenciando signos de violencia sexual.
Durante todos estos años, las autoridades han arrestado a un hombre que lleva seis años en prisión, pero aún no han comparado su ADN con los tres perfiles genéticos parciales obtenidos del cuerpo de la joven. Norma presentó una petición ante la CorteIDH en 2002, después de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. En 2018, la CIDH emitió un informe que responsabiliza al Estado mexicano por no actuar de manera inmediata.
A pesar de las prórrogas solicitadas por el Estado mexicano a la CIDH, no se ha cumplido con las oportunidades brindadas, por lo que el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social insistió en que el caso fuera llevado ante la CorteIDH. Ahora, los representantes de Norma deben presentar un escrito con argumentos, solicitudes y pruebas, seguido de la presentación de material probatorio por parte de la defensa, la CIDH y el Estado en una audiencia pública que se espera para principios de 2025. Luego, se abrirá una etapa escrita en la que los tres agentes enviarán sus conclusiones para que la Corte, compuesta por siete jueces, emita un fallo.
La directora del Grupo de Acción, Karla Michel Salas, explicó que en general las sentencias de la CorteIDH se cumplen, aunque en México no se ha cumplido una sentencia anterior relacionada con el caso ‘Campo algodonero’, donde se encontraron ocho cuerpos de mujeres violentadas en 2001. Salas enfatizó la importancia de no acostumbrarse a la impunidad y destacó que la sentencia será para el Estado mexicano, no para el gobierno actual.
Norma concluyó la conferencia llamando a la sociedad a unirse y alzar la voz en apoyo a las madres que tienen hijos desaparecidos o asesinados, para evitar más casos de impunidad.