Pavel Durov, el multimillonario de 39 años, cofundador y CEO de la aplicación de mensajería Telegram, compareció ante un juez instructor en un tribunal de París el miércoles por la noche después de ser detenido e interrogado por las autoridades francesas desde su arresto el fin de semana pasado. Ese magistrado emitió seis cargos penales preliminares contra Durov por presuntamente permitir actividades delictivas en la aplicación, y el ejecutivo de tecnología, quien pagó una fianza de €5 millones para evitar la cárcel, no tiene permitido salir de Francia. También permanecerá bajo supervisión judicial y deberá presentarse ante la policía dos veces por semana.
Investigación y acusaciones
Los cargos enumerados en la acusación incluyen complicidad al poner a disposición una plataforma para facilitar la distribución de material de abuso sexual infantil (CSAM), tráfico de drogas, fraude y transacciones ilegales, así como la negativa a cooperar con las agencias de aplicación de la ley que solicitan datos y documentos como parte de investigaciones criminales. Si es condenado, podría enfrentar hasta 10 años de prisión, según la fiscal de París Laure Beccuau.
Regulaciones en la Unión Europea
La acción para responsabilizar a Durov por cibercrimen en Telegram llega en un momento en que la Unión Europea explora posibles aplicaciones de su Digital Services Act, el cual entró en vigor el año pasado y le otorga mayores poderes para regular las plataformas tecnológicas mientras establece nuevos estándares para la privacidad y moderación de contenido perjudicial, incluyendo la desinformación y los discursos de odio. Telegram declaró en un comunicado que la empresa cumple con el DSA, que Durov “no tiene nada que ocultar” y que “es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma”.
Detención prolongada y origen de Pavel Durov
Las autoridades lograron extender la detención de Durov durante cuatro días más allá de las primeras 25 horas posteriores a su arresto, que tuvo lugar en el aeropuerto de Le Bourget, justo fuera de París, el sábado por la noche. Durov llegaba de Azerbaiyán en jet privado. Después de ese período, estaban obligados a liberarlo o presentar cargos, estos últimos a discreción del juez instructor.
Telegram y su reputación
Telegram tiene una reputación compleja. Por un lado, ha sido fundamental para movimientos prodemocráticos en países autoritarios como Rusia, el país natal de los hermanos Durov (Pavel se fue en 2014 debido a la presión para entregar datos de comentaristas anti-Putin en su red social VK y vendió su participación en esa empresa; Nikolai y Pavel han tenido ciudadanía en la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves desde entonces). Por otro lado, la aplicación también ha sido un foco para grupos extremistas de odio, comercio ilegal de narcóticos y armas de fuego, explotación infantil, teóricos de conspiraciones y organizaciones terroristas como el Estado Islámico.
Opiniones encontradas y controversias
Telegram ha sido respaldado por figuras como Elon Musk y Tucker Carlson como una plataforma de “libertad de expresión” a pesar de los esfuerzos gubernamentales por frenar la actividad criminal allí. Además de frustrar a las agencias de aplicación de la ley al no cumplir con citaciones, la empresa también ha ignorado las solicitudes y advertencias de las organizaciones de protección infantil alarmadas por la proliferación de CSAM en la aplicación. En 2017, el Wall Street Journal informó que espías de Francia y los Emiratos Árabes Unidos hackearon el iPhone de Durov, aparentemente como parte de esfuerzos conjuntos contra el terrorismo entre las dos naciones.
Reacciones y posturas políticas
En un giro irónico, aliados de Putin han condenado el arresto de Durov como un ataque escandaloso a sus libertades civiles. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que podría ser un “intento directo de restringir la libertad de comunicación e, incluso diría, intimidar directamente al jefe de una gran empresa”. El presidente francés Emmanuel Macron ha negado que la investigación criminal esté motivada políticamente.