La reforma al Poder Judicial se perfila como uno de los últimos legados del presidente Andrés Manuel López Obrador antes de finalizar su mandato en septiembre. Con el inicio del periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión, el partido Morena, que cuenta con la mayoría legislativa, se encuentra en una posición favorable para avanzar con esta controvertida iniciativa que ha generado un fuerte debate en el ámbito judicial y académico.
Protestas y aprobación en la Cámara de Diputados
La reforma ha suscitado una ola de protestas entre trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho en todo el país. A pesar de la oposición, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma el 26 de agosto, lo que marca un paso significativo hacia su posible implementación. Este proyecto propone que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular en las elecciones de 2025 y 2027, además de reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9.
El camino hacia la discusión en el Congreso
La Cámara de Diputados tiene programada una sesión ordinaria para el 3 de septiembre, donde se espera que se discuta la reforma. Con una supermayoría que incluye a Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, se anticipa que la iniciativa pueda ser aprobada sin necesidad de negociaciones con partidos de oposición. Sin embargo, un amparo otorgado por una jueza federal a trabajadores del Poder Judicial ha complicado el proceso, al ordenar la suspensión de la discusión de la reforma en el Congreso.
Próximos pasos y el papel del Senado
La instalación de la Junta de Coordinación Política en el Senado, programada para el 2 de septiembre, será crucial para la continuación del proceso legislativo. El coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, ha subrayado la importancia de conformar las comisiones necesarias para analizar la reforma una vez que sea aprobada en la Cámara de Diputados. Es importante recordar que, tras la aprobación en ambas cámaras, la reforma deberá pasar por los Congresos estatales, donde al menos 17 de los 32 deberán respaldarla para que se convierta en ley.