La reciente aprobación en el Senado de la desaparición de siete organismos autónomos ha generado un intenso debate en el país. Con 26 votos a favor y 11 en contra, la iniciativa fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum. La oposición ha criticado esta decisión, advirtiendo sobre los riesgos que representa para la transparencia y la inversión en México.
Detalles de la reforma que elimina organismos autónomos
La reforma busca reincorporar las funciones de los órganos autónomos a la administración pública federal, con el objetivo de hacer más eficiente el servicio público y evitar la duplicidad de funciones. Entre los organismos que se verían afectados se encuentran la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta medida ha suscitado preocupaciones sobre la posible incertidumbre que podría generar en el ámbito de las inversiones.
Reacciones de la oposición ante la reforma
La oposición ha manifestado su descontento, acusando al gobierno de buscar una mayor concentración del poder. Líderes como Marko Cortés y Carolina Viggiano han expresado su preocupación por las implicaciones que esta reforma podría tener en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aseguran que la eliminación de estos organismos podría afectar los compromisos internacionales del país y generar un entorno más hostil para las inversiones.
Defensores de la reforma y su justificación
A pesar de las críticas, algunos senadores defienden la reforma argumentando que busca restaurar el régimen republicano y desmantelar un sistema que favorece intereses particulares. Ignacio Mier, uno de los defensores, sostiene que esta medida es necesaria para asegurar que los organismos no sirvan a intereses económicos de la oligarquía. La desaparición de los organismos autónomos es parte de un paquete de reformas más amplio que incluye cambios en el sistema judicial y la militarización de la Guardia Nacional.