El Senado de la República aprobó la noche del miércoles 27 de noviembre una reforma al artículo 19 de la Constitución que incluye los delitos de extorsión, tráfico de fentanilo y actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales como causales para la prisión preventiva oficiosa. La reforma fue respaldada por 94 votos a favor y 34 en contra, logrando así la mayoría calificada necesaria para su aprobación. Los artículos reservados también fueron aprobados, con un total de 93 votos a favor y 35 en contra, y el proyecto ha sido enviado a los congresos estatales para su consideración.
Debate entre Morena y la Oposición
Durante la discusión de la reforma, los senadores de Morena, junto a sus aliados del Partido Verde y del Trabajo, defendieron la medida como una herramienta para proteger a la ciudadanía de delitos en aumento. Sin embargo, la oposición argumentó que la prisión preventiva oficiosa atenta contra los derechos humanos. La senadora Andrea Chávez, de Morena, recordó que en mayo pasado, gobernadores de todo el país habían solicitado a la Suprema Corte que no se eliminara esta figura legal.
Posturas encontradas sobre la justicia
El senador Francisco Javier Ramírez Acuña, del PAN, expresó que su bancada apoya la prisión preventiva siempre que esté justificada y se garantice la aplicación de la justicia. Por otro lado, la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora, del PRI, criticó la reforma al considerar que desvirtúa el principio de justicia y castiga a personas que aún no han sido declaradas culpables. Además, advirtió que esta medida contradice las recomendaciones de organismos internacionales, como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Impacto en la población penal
El senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, destacó que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa afecta desproporcionadamente a las personas más vulnerables, incluyendo a mujeres y a los pobres. Según datos oficiales, la población penal ha aumentado de 196 mil en 2018 a 233 mil en 2023, de los cuales casi 87 mil personas no han recibido una sentencia. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre el uso de la prisión preventiva como herramienta de control social.