En una firme defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), las consejeras electorales destacaron la necesidad de un presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos para llevar a cabo la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros. Aseguraron que esta cifra no es un “presupuesto caprichoso”, sino el costo esencial para garantizar la legitimidad del proceso electoral, en medio de la creciente presión de la mayoría de Morena y sus aliados.
La Ausencia de Guadalupe Taddei y su Impacto
La reunión con legisladores de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se vio marcada por la inesperada ausencia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei. La consejera Rita López explicó que los 13 mil 205 millones de pesos solicitados son el mínimo necesario para asegurar una elección segura. A pesar de la posibilidad de reducir gastos, López enfatizó que “con la mitad de esos 13 mil millones, como han dicho algunos partidos, no es posible hacer la elección”.
Defensa ante Críticas y Aclaraciones sobre el Gasto
Durante la sesión, la consejera Norma Irene de la Cruz defendió la ausencia de Taddei, explicando que ella representaba al colegiado del INE. Posteriormente, se informó que Taddei había dado positivo a COVID-19, lo que justificó su falta. Las consejeras respondieron a las críticas de la oposición, afirmando que la discusión sobre el presupuesto no debería centrarse únicamente en los costos, ya que este proceso electoral tiene un costo real que no puede subestimarse.
Reacciones de los Legisladores y la Controversia del Presupuesto
Los legisladores de la oposición, incluyendo a miembros del PAN, PRI y MC, aplaudieron la defensa de las consejeras y criticaron la postura de la ‘4T’. La diputada Claudia Ruiz Massieu enfatizó que “es su reforma, asuman su responsabilidad”, mientras que otros diputados expresaron su desacuerdo con la reducción del presupuesto, argumentando que el costo de una elección no debe comprometer la legalidad y certidumbre del proceso. Por otro lado, los representantes de Morena insistieron en la necesidad de revisar el anteproyecto presentado por el INE, sugiriendo que no debería ser la base de discusión, sino un punto de partida para modificaciones.