En un evento marcado por la ausencia de los titulares del Ejecutivo y Legislativo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, presentó su último informe de labores, donde destacó los ataques y amenazas que ha enfrentado la judicatura por su independencia. En lugar de los altos funcionarios, como la presidenta Claudia Sheinbaum y los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, asistieron representantes, lo que contrasta notablemente con la presencia de figuras clave en la ceremonia del año anterior.
La falta de apoyo institucional
La ausencia de los líderes políticos en el informe de la ministra Piña resalta un desaire significativo hacia la máxima autoridad judicial del país. En representación de la presidenta Sheinbaum, asistió César Yánez, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, mientras que los presidentes de las cámaras, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, no hicieron acto de presencia. Este hecho es un claro indicio de las tensiones existentes entre los poderes del Estado.
Defensa de la independencia judicial
Durante su discurso, la ministra Piña enfatizó que la judicatura ha sido objeto de ataques por actuar como un tribunal independiente, especialmente en casos que afectan directamente al gobierno y al partido en el poder. “Las coincidencias entre ataques y amenazas a la judicatura federal y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes”, afirmó, aludiendo a las reacciones adversas a sentencias que contradicen los intereses del gobierno.
Retos y críticas a la administración actual
Piña también criticó las condiciones de prisión preventiva que se han intensificado bajo la administración actual, cuestionando las políticas que han llevado a un aumento en el número de personas encarceladas sin sentencia. “¿No es esto precisamente lo que ocasiona, en gran medida, la prisión preventiva oficiosa que más que en ningún otro periodo de la historia de México se ha impulsado?”, se preguntó, subrayando la responsabilidad del gobierno en esta problemática y defendiendo la labor de la SCJN frente a las acusaciones de traición y corrupción que han recibido sus miembros.