El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha determinado que la tesis de licenciatura en Derecho de la ministra Yasmín Esquivel Mossa no es un plagio, y ha ordenado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) archivar el caso. Esta decisión, tomada por unanimidad, confirma la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que había establecido previamente que la UNAM reconoció que Esquivel cumplió con todos los requisitos necesarios para obtener su grado profesional.
Resolución del Tribunal y Derechos de la Ministra
La ministra Esquivel destacó que la resolución del Quinto Tribunal reafirma su derecho de autor sobre la tesis, que fue presentada hace casi 40 años. El Tribunal instruyó a la UNAM a respetar el principio de legalidad y certeza jurídica, así como todos los derechos derivados de su título profesional, obtenido de manera legítima y legal. Este fallo pone fin a un proceso que se había prolongado durante casi dos años, en el que la UNAM había tenido la oportunidad de presentar pruebas en contra de la ministra, las cuales no fueron suficientes para sostener las acusaciones de plagio.
Violación de Derechos y Ataques Políticos
En un comunicado, Yasmín Esquivel afirmó que ha sido objeto de difamación por parte de las autoridades de la UNAM y que se le intentó aplicar un procedimiento que no estaba contemplado en la legislación universitaria. La ministra enfatizó que la acusación de plagio fue parte de un ataque político en su contra, en el contexto de su candidatura a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según ella, la resolución del Tribunal demuestra que nunca existió plagio en su tesis.
Posición de la UNAM ante el Fallo Judicial
Por su parte, la UNAM ha manifestado que acatará la resolución del Tribunal, dejando sin efecto cualquier acto que vulnere los derechos de la ministra. Sin embargo, la universidad también expresó su preocupación, señalando que el fallo judicial representa una interferencia a su autonomía. La UNAM subrayó que las restricciones impuestas a sus órganos internos, como el Comité Universitario de Ética, constituyen un atentado a la libertad de expresión y al derecho a la información de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.