Cuauhtémoc Ochoa Fernández, senador de Morena, ha sido objeto de controversia tras su destitución de la Comisión de Hacienda, un movimiento que ha generado un intenso debate sobre su iniciativa de cobranza delegada. Esta propuesta, que permitía a los empleadores embargar automáticamente los salarios de los trabajadores para el pago de deudas con entidades financieras privadas, fue rechazada por múltiples sectores, incluyendo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anticipó que vetará la reforma si el Senado la aprueba.
Polémicas en la carrera de Cuauhtémoc Ochoa
La salida de Ochoa del Senado no es un caso aislado, sino que se suma a una serie de controversias que han marcado su trayectoria política. Entre las acusaciones más graves se encuentran omisiones en su declaración patrimonial y señalamientos de corrupción. Durante su gestión, promovió reformas en el Infonavit que beneficiaron a despachos jurídicos, resultando en juicios masivos que despojaron a numerosas familias de sus hogares y un desfalco estimado de 29 mil millones de pesos. Además, se ha revelado que no declaró propiedades en el extranjero valuadas en millones de dólares.
Reacción de Claudia Sheinbaum ante la reforma de cobranza delegada
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la reforma de cobranza delegada, enfatizando la importancia de respetar el salario de los trabajadores. “Nosotros no estamos de acuerdo con eso, que quede claro. El salario del trabajador es el salario del trabajador”, afirmó Sheinbaum. La presidenta también advirtió que, si el Senado llegara a aprobar la reforma, ejercerá su derecho constitucional para vetarla, sugiriendo que existen alternativas más justas para el cobro de deudas.
Consecuencias y llamados a la auditoría
A pesar de que la destitución de Ochoa ha sido presentada como una reubicación dentro del Senado, las repercusiones de sus decisiones continúan afectando a miles de trabajadores que han perdido su patrimonio. Organizaciones y ciudadanos han comenzado a exigir auditorías y la deslinde de responsabilidades sobre las afectaciones ocasionadas por su gestión, especialmente en lo que respecta al manejo de los fondos del Infonavit y los juicios en su contra. La situación refleja un creciente descontento hacia la política de cobranza y la necesidad de una mayor protección para los derechos laborales en el país.