Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, ha manifestado su disposición a declararse culpable en Estados Unidos con el objetivo de cooperar con las autoridades y así evitar la pena de muerte. Sin embargo, esta estrategia no incluye convertirse en informante ni proporcionar nombres de políticos vinculados al narcotráfico. La próxima audiencia de Zambada está programada para el 22 de abril, y su abogado, Frank Pérez, ha compartido detalles sobre las condiciones en las que se encuentra el narcotraficante.
La estrategia legal de ‘El Mayo’ Zambada
Durante una reciente entrevista, el periodista Ioan Grillo discutió las implicaciones de la decisión de Zambada. A su edad, 75 años, el narcotraficante es consciente de que una sentencia más corta es poco probable, especialmente tras la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista por la administración de Donald Trump. Grillo enfatizó que Zambada “sabe que va a morir en la cárcel”, lo que lo lleva a buscar evitar la pena de muerte al declararse culpable de los delitos que se le imputan.
Familia y negocios: las razones detrás del silencio de Zambada
A pesar de su disposición a cooperar, Zambada ha optado por no revelar información sobre sus conexiones políticas debido a su familia y sus negocios en México. Según Grillo, el narcotraficante no tiene interés en dar nombres que podrían poner en riesgo a sus seres queridos y su imperio empresarial. Hasta el momento, su abogado ha confirmado que Zambada no ha proporcionado información sobre políticos relacionados con el narcotráfico.
Estado de salud y condiciones de reclusión
En cuanto a su salud, el abogado de Zambada ha desmentido rumores sobre enfermedades terminales, aunque ha confirmado que el capo padece diabetes y recibe tratamiento médico en prisión. Actualmente, Zambada se encuentra en una celda de aislamiento, pero mantiene contacto diario con su equipo legal, discutiendo temas que van desde la política hasta sus negocios en México. A pesar de la baja probabilidad de repatriación, su defensa asegura que no se trata de una amenaza hacia el gobierno mexicano, sino de un proceso legal complejo que podría afectar su futuro.