Rafael ‘Caro’ Quintero y otros 29 capos del narcotráfico han sido trasladados a Estados Unidos, donde podrían enfrentarse a la pena de muerte. Este movimiento, según las autoridades mexicanas, no se considera una extradición, sino una “entrega” motivada por intereses superiores de la nación. La decisión se fundamenta en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución Mexicana, según explicó Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Motivos del Traslado de los Capos
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que el gabinete de Seguridad tenía información sobre posibles liberaciones de algunos de los narcotraficantes en México, lo que complicaba sus procesos de extradición. Esto llevó a las autoridades a actuar de manera urgente para evitar que se beneficiaran de acuerdos favorables con ciertos jueces.
Implicaciones de la Ley de Seguridad Nacional
La Ley de Seguridad Nacional, actualizada en 2021, establece que ciertos actos pueden ser considerados amenazas a la seguridad nacional. Entre ellos se incluyen el espionaje, el sabotaje y cualquier acción que impida la lucha contra la delincuencia organizada. En este contexto, el gobierno mexicano decidió invocar el “interés superior de la Nación” para anular los amparos que protegían a los narcotraficantes de ser extraditados.
Reacciones desde Estados Unidos
La Casa Blanca, tras la llegada de los capos a suelo estadounidense, destacó el trabajo del Departamento de Justicia en la entrega de Rafael Caro Quintero, señalado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena. Aunque no se mencionó al gobierno mexicano en sus declaraciones, enfatizaron que estos narcotraficantes son considerados terroristas, lo que podría acarrearles severas condenas, incluyendo cadena perpetua o pena de muerte.