El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha defendido la reciente extradición de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, argumentando que existía un riesgo significativo de que estos criminales fueran liberados o que sus procesos de entrega se retrasaran. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, destacó en una conferencia de prensa que el gabinete de Seguridad contaba con información sobre posibles acuerdos entre jueces y los narcotraficantes que podrían haber favorecido su liberación. Esta medida, según las autoridades, responde a solicitudes de extradición que han estado pendientes durante hasta 40 años.
Argumentos Legales para la Extradición
Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, explicó que la extradición de estos narcotraficantes está respaldada por el artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución. Según Gertz Manero, estos artículos permiten la entrega de individuos que representan amenazas a la seguridad nacional, incluyendo actos que interfieren con la lucha contra la delincuencia organizada. La justificación legal se basa en la necesidad de proteger al Estado mexicano y a sus ciudadanos de las actividades delictivas que estos narcotraficantes representan.
Riesgos de Liberación y Retrasos
Durante su intervención, García Harfuch enfatizó que la entrega de estos capos era crucial para evitar que se beneficiaran de posibles manipulaciones judiciales. El secretario de Seguridad subrayó que el riesgo de liberación o de retrasos en los procesos de extradición era elevado, lo que llevó al Gobierno a actuar de manera decidida. Esta situación ha generado un debate sobre la eficacia del sistema judicial mexicano y su capacidad para manejar casos de alto perfil relacionados con el narcotráfico.
Impacto en la Seguridad Nacional
La extradición de narcotraficantes no solo es un asunto legal, sino que también tiene implicaciones significativas para la seguridad nacional de México. El artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional establece que actos de delincuencia organizada y otras amenazas deben ser abordados con urgencia para salvaguardar el bienestar del país. La decisión del Gobierno de actuar en este caso refleja una postura firme contra el narcotráfico y una estrategia para fortalecer la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.