La ministra presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña, ha desmentido las acusaciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre supuestos acuerdos entre jueces y los 29 narcotraficantes recientemente extraditados a Estados Unidos. En un comunicado oficial, Piña reafirmó su compromiso con la justicia y el Estado de derecho, instando a Harfuch a seguir los procedimientos legales ante cualquier irregularidad en el actuar de los jueces.
Las declaraciones de García Harfuch y la respuesta de la CJF
La controversia surgió tras las declaraciones de García Harfuch, quien afirmó que la extradición de 29 narcotraficantes, incluido Rafael Caro Quintero, se debió al riesgo de que fueran liberados por jueces. Según el secretario, existía información en el Gabinete de Seguridad que indicaba que algunos jueces podrían haber favorecido a estos delincuentes, lo que podría haber retrasado sus procesos de extradición. Ante estas afirmaciones, la CJF reiteró su disposición a investigar cualquier irregularidad, siempre que se presenten pruebas concretas.
La importancia de la cooperación bilateral en materia de seguridad
El traslado de personas solicitadas por el Gobierno de Estados Unidos es un tema crucial en la cooperación bilateral en materia de seguridad. Sin embargo, se han documentado casos en los que las extradiciones han sido detenidas o revertidas por resoluciones judiciales, lo que ha generado tensiones entre las autoridades ministeriales. La CJF enfatizó que en un Estado de derecho, cualquier acusación debe ser llevada a las instancias correspondientes para su debida resolución.
Reforma judicial y su impacto en la independencia judicial
Este debate se produce en un contexto de reforma judicial que busca elegir, a partir del 1 de junio próximo, a la mitad de los jueces y magistrados del Poder Judicial mexicano mediante voto popular. Esta medida también incluye la elección de nueve nuevos ministros de la Suprema Corte, lo que ha avivado la discusión sobre la independencia judicial en el país. La CJF y el Gobierno federal deberán abordar estos temas con transparencia y en pro de la justicia para restaurar la confianza en el sistema judicial.