Reforma a la Transparencia: Cambios Clave en la Gestión de Información Pública
La reciente aprobación de una reforma en la Cámara de Diputados marca un giro significativo en la administración de la transparencia en México. Esta reforma implica que la Plataforma Nacional de Transparencia, antes bajo la supervisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pasará a ser gestionada directamente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción respaldó la iniciativa con 25 votos a favor y cinco en contra, enviando el dictamen a la Mesa Directiva para su discusión y votación final.
Nuevas Leyes de Transparencia y Protección de Datos Personales
El dictamen propone la creación de nuevas leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, se plantean modificaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y se reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión, destacó que estas reformas son fundamentales para la simplificación orgánica y la mejora de la administración pública, permitiendo un manejo más eficiente de la información.
Descentralización y Especialización en la Gestión de Información
La reforma no solo busca mejorar la gestión de la información, sino que también establece la creación de 18 autoridades especializadas en función del ámbito del sujeto obligado. Esto permitirá atender de manera más precisa las solicitudes de información de los ciudadanos. Según el dictamen, las funciones del INAI se trasladarán a estas autoridades, lo que promete una respuesta más ágil a las necesidades de la población y fomenta una cultura de rendición de cuentas en el gobierno.
Transparencia para el Pueblo: Un Nuevo Enfoque
La administración de la Plataforma Nacional de Transparencia pasará a ser parte de un nuevo órgano administrativo desconcentrado llamado “Transparencia para el Pueblo”. Este organismo tendrá la responsabilidad de gestionar y resolver recursos de inconformidad de los ciudadanos, asegurando que se respeten los derechos humanos y el acceso a la información. La reforma, sustentada en principios constitucionales y compromisos internacionales, representa un avance hacia una administración pública más transparente y accesible, adaptándose a las exigencias actuales de la sociedad.