Investigación sobre el Campo de Adiestramiento en Teuchitlán
El fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha declarado que antes de que la FGR asuma el caso del campo de adiestramiento y tortura localizado en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se llevará a cabo una investigación exhaustiva. Durante una reciente conferencia, Gertz enfatizó que es “increíble” que las autoridades locales no tuvieran conocimiento de esta situación, que incluye la existencia de tres crematorios con restos humanos calcinados. Esta investigación tiene como objetivo identificar a los responsables que protegían el área y los propietarios del terreno.
Operaciones en el Rancho Izaguirre
La FGR ya ha comenzado a realizar operaciones en los alrededores del rancho, que ha sido objeto de atención por parte de colectivos de búsqueda como Guerreros Buscadores de Jalisco. Este grupo ha reportado el hallazgo de crematorios clandestinos, así como de restos humanos y objetos personales en el predio. Gertz Manero subrayó la importancia de establecer un informe preciso sobre los antecedentes del lugar, que ha sido conocido por las autoridades desde hace tiempo.
Conocimiento Previo de las Autoridades
A pesar de que la fiscalía de Jalisco había asegurado el rancho desde septiembre de 2024 tras la detención de 10 personas y el rescate de dos víctimas de secuestro, el colectivo Guerreros Buscadores pudo ingresar al lugar y encontrar más evidencia de delitos. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas de aseguramiento y la respuesta de las autoridades ante la situación. La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco también ha encontrado numerosos restos óseos y otros indicios delictivos en el rancho.
Proceso de Extinción de Dominio
En respuesta a los hallazgos, el fiscal estatal, Salvador González, ha anunciado que se iniciará un proceso de extinción de dominio sobre el rancho Izaguirre, con el objetivo de evitar que el lugar vuelva a ser utilizado para actividades delictivas. Este proceso es parte de las instrucciones del gobernador Lemus y busca asegurar que la justicia prevalezca en un caso que ha conmocionado a la comunidad y que pone de relieve la complejidad del problema de la delincuencia organizada en la región.