Elección Judicial 2025: Un Proceso Controversial
A las prisas y en medio de un ambiente de desorden, la elección judicial de 2025 se perfila como un evento que podría comprometer la independencia del Poder Judicial en México. Un estudio de la consultora Integralia, liderada por el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, advierte que los candidatos que contarán con el apoyo del gobierno serán los más beneficiados en este proceso, que busca designar a 881 cargos y en el que participarán 3,422 aspirantes.
Condiciones Adversas para la Elección
Integralia destaca que la elección está marcada por “recursos insuficientes” y la falta de estándares adecuados de cobertura y calidad, lo que dará lugar a un “voto disparejo”. La consultora también señala que la mayoría de los nuevos jueces podrían actuar bajo criterios de lealtad política, lo que mermaría su autonomía judicial. Con el tiempo, el Poder Judicial federal podría perder su papel como contrapeso frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que plantea serias preocupaciones sobre la separación de poderes en el país.
Prohibiciones para los Aspirantes
Durante este proceso electoral, los aspirantes al Poder Judicial deberán cumplir con una serie de prohibiciones. No podrán contratar espacios en medios de comunicación, difundir propaganda con calumnias, ofrecer regalos o beneficios, ni hacer campaña en el extranjero. Además, los servidores públicos tienen restricciones similares, como la prohibición de utilizar programas sociales para coaccionar el voto o participar activamente en actos de campaña, a menos que sean candidatos.
Gastos de Campaña y Contexto Electoral
El gasto permitido para los candidatos es considerablemente inferior al de elecciones anteriores. Por ejemplo, un aspirante a la Suprema Corte podrá gastar hasta 1,468,000 pesos, mientras que los magistrados regionales tienen un límite de 881,000 pesos. Esta elección, calificada de “compleja y confusa”, ha comenzado con la violación de muchas de las reglas establecidas, lo que pone en tela de juicio la integridad del proceso electoral y su capacidad para elegir a los mejores candidatos para el Poder Judicial.