Controversia en las elecciones judiciales de México
Las campañas para la histórica elección popular del Poder Judicial, que se llevarán a cabo el 1 de junio, han comenzado en medio de fuertes polémicas. Más de 3,400 candidatos aspiran a ocupar casi 900 cargos federales, incluyendo puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la organización Defensorxs ha lanzado una plataforma que pone en evidencia a varios de estos candidatos, señalando aquellos que tienen vínculos con el crimen organizado y otros antecedentes preocupantes.
Candidatos de alto riesgo
Defensorxs ha identificado a varios postulantes como de “alto riesgo”. Entre ellos se encuentra Fernando Escamilla Villarreal, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “el Z40”, quien busca ser juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Nuevo León. Esta plataforma también menciona a Jesús Humberto Padilla Briones, quien ha sido procesado por portación de armas y narcóticos. Además, Andrés Montoya García, candidato a magistrado, enfrenta serias acusaciones relacionadas con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota.
Acusaciones de acoso sexual
No solo los vínculos con el crimen organizado son motivo de preocupación; también hay candidatos que han sido denunciados por acoso sexual. Francisco Martín Hernández Zaragoza, aspirante a magistrado en Jalisco, tiene un historial de corrupción y ha sido acusado de abuso y acoso sexual. De igual manera, Edgar Agustín Rodríguez Beiza enfrenta denuncias por abuso sexual desde 2017, lo que plantea serias dudas sobre su idoneidad para el puesto que busca.
Vínculos con organizaciones controvertidas
Además, algunos candidatos están relacionados con la organización religiosa La Luz del Mundo, que ha estado en el centro de la controversia. Madián Sinaí Menchaca Sierra y Betzabeth Almazán Morales, quienes buscan ser jueces en Jalisco, tienen antecedentes que levantan alarmas sobre su integridad y compromiso con la justicia. La situación se complica aún más con la presencia de candidatos que están bajo investigación o han sido acusados de delitos graves, lo que plantea un reto significativo para los votantes en este proceso electoral crucial.