Impugnaciones al INE: Un Controversial Debate Político
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido una ola de impugnaciones en respuesta a la reciente prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE) que impide a los servidores públicos promover el voto en la elección judicial programada para el próximo 1 de junio. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la lista de 29 impugnaciones, la mayoría de las cuales son impulsadas por figuras cercanas al partido Morena, lo que ha desatado un intenso debate sobre la legalidad y la equidad en el proceso electoral.
¿Quiénes son los Impugnadores?
Entre los demandantes se encuentran destacados miembros de Morena, como el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. También se han sumado a las impugnaciones la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, y varias diputadas federales del mismo partido, como Dolores Padierna y Julieta Villalpando. Estas acciones reflejan una clara oposición a las restricciones impuestas por el INE, que buscan garantizar la imparcialidad en el proceso electoral.
El Proceso de Impugnación
Todas las impugnaciones han sido radicadas en la Sala Superior del TEPJF, donde se clasifican en diferentes categorías, incluyendo juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y juicios generales. Debido a la similitud de los argumentos, 25 de estas impugnaciones han sido asignadas a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, mientras que los restantes casos han sido distribuidos entre otros magistrados. El TEPJF ahora tiene la tarea de analizar cada impugnación y decidir si procede a un análisis más profundo o si las desestima.
Contexto de la Prohibición del INE
El acuerdo impugnado, INE/CG334/2025, fue aprobado el 29 de marzo de 2025, y establece criterios que buscan asegurar la equidad en las campañas del proceso electoral judicial. Según el INE, esta medida está alineada con la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, que permite la elección popular de jueces y magistrados. Sin embargo, la controversia persiste, ya que muchos consideran que esta prohibición podría limitar la participación ciudadana y el libre ejercicio de los derechos políticos.