La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha decidido, por mayoría de tres votos a dos, que las instituciones y servidores públicos de todo el país, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, podrán realizar promoción del voto y la participación ciudadana en la elección judicial programada para el 1 de junio próximo, siempre y cuando se respete los principios de equidad y neutralidad establecidos en la Constitución.
Esta resolución se produce tras el análisis de 44 asuntos promovidos por autoridades y políticos relacionados con Morena, quienes impugnaron un acuerdo del INE que limitaba la promoción del voto a dicha institución. La magistrada presidenta, Mónica Soto, expresó su sorpresa ante la postura de la minoría que abogaba por mantener el acuerdo del INE, sugiriendo que su enfoque podría llevar a que la elección judicial se realice sin la debida información pública.
Postura de la Magistrada Soto
Durante la discusión, Soto se mostró contrariada y argumentó que la postura de la minoría podría resultar en una “elección silenciosa”, donde los ciudadanos no estén informados sobre sus derechos y la importancia de su participación. “Silenciar a la ciudadanía va en contra de la democracia”, enfatizó, añadiendo que la promoción del voto es fundamental para garantizar una elección abierta y participativa.
Argumentos a favor y en contra
El magistrado Felipe Fuentes, parte del bloque mayoritario, argumentó que la prohibición de la promoción del voto es desproporcionada y contraria a un régimen democrático. Por otro lado, los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora, de la minoría, defendieron el acuerdo del INE, alegando que la promoción del voto por parte de servidores públicos podría implicar el uso indebido de recursos públicos y afectar la imparcialidad del proceso electoral.
La discusión sobre la promoción del voto en la elección judicial resalta la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en los procesos democráticos, así como la necesidad de equilibrar la libertad de expresión con el respeto a los principios constitucionales que rigen la materia.