Desapariciones forzadas en México: una realidad que persiste
Las desapariciones forzadas continúan siendo un problema alarmante en México, según lo afirmado por Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. En una reciente entrevista, Corcuera destacó que las desapariciones que ocurren actualmente en el país son, sin duda, desapariciones forzadas, a pesar de las afirmaciones del gobierno que minimizan esta situación. “Aunque no sean del mismo tipo que las cometidas durante la Guerra Sucia, sí lo son”, enfatizó el abogado.
La negación del Estado y sus consecuencias
Corcuera criticó la postura de los gobiernos anteriores, señalando que tanto el PAN como el PRI fueron negacionistas respecto a la magnitud del problema desde 2010. Aseguró que al afirmar que en México ya no hay desapariciones forzadas, se implica que el Estado es consciente de la situación y ha tolerado o consentido su ocurrencia. Este tipo de negación, según el experto, oculta la realidad de que las desapariciones pueden ser perpetradas por actores no estatales con la complicidad del Estado.
Reacciones a las declaraciones oficiales
El abogado también calificó de “vergonzosas” las declaraciones del presidente del Senado y otros funcionarios que descalificaron al Comité de la ONU. Corcuera argumentó que el uso de términos como “políticas de Estado” por parte del gobierno es erróneo, ya que el Comité no ha hecho tal afirmación. En cambio, ha señalado que en México existe un contexto de desapariciones forzadas generalizadas, lo que requiere una atención urgente.
Posibles repercusiones en el ámbito internacional
Finalmente, Corcuera advirtió que si el Comité de la ONU considera que no se le ha proporcionado información completa sobre las desapariciones y estas continúan de manera sistemática, el caso podría ser elevado a la Asamblea General de la ONU. Esto marcaría un hito histórico, ya que sería la primera vez que un caso de desapariciones forzadas en México se llevaría ante este organismo internacional, lo que podría tener graves consecuencias para la imagen del país en el ámbito global.