La entrada en vigor de la conocida como **Ley Silla** está a pocos días de convertirse en una realidad en México, marcando un avance significativo en los derechos laborales de los trabajadores. Esta reforma, que fue promulgada el año pasado, comenzará a aplicarse el próximo 17 de junio, tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de diciembre. Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) permitirán a los empleados disfrutar de un descanso adecuado durante la jornada laboral, un paso que muchos consideran necesario para mejorar las condiciones de trabajo en el país.
¿Qué implica la Ley Silla?
La Ley Silla tiene como objetivo principal prohibir que los empleadores exijan a sus trabajadores permanecer de pie durante toda la jornada laboral. En su lugar, se establece que los centros de trabajo deben proporcionar una silla con respaldo para que los empleados puedan descansar periódicamente. Esta disposición es especialmente relevante en sectores como los servicios y el comercio, donde los trabajadores a menudo se ven obligados a estar de pie durante largos períodos. El decreto especifica que las sillas deben estar ubicadas en áreas designadas dentro de las instalaciones laborales, garantizando así el acceso a un espacio adecuado para el descanso.
Sanciones por incumplimiento
Como sucede con muchas normativas, la Ley Silla contempla sanciones para los empleadores que no cumplan con sus disposiciones. Las penalizaciones económicas pueden oscilar entre 250 y 2,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que podría traducirse en multas de hasta 282,850 pesos. Esta medida busca asegurar que los derechos de los trabajadores sean respetados y que las empresas se adapten a las nuevas regulaciones en un tiempo razonable.
Próximos pasos tras la implementación de la Ley Silla
Una vez que la Ley Silla entre en vigor, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendrá un plazo de 30 días para desarrollar normativas que aborden los riesgos asociados con posturas prolongadas. Además, las empresas contarán con un periodo de 180 días para ajustar su normativa interna a esta nueva disposición. Con la implementación de esta ley, México se alinea con otros países de Latinoamérica que han regulado el derecho al descanso laboral, marcando un avance en la protección de los derechos de los trabajadores en el país.