Un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR) se presentó el pasado 18 de junio, cuando la jueza Alejandra Domínguez Santos decidió no vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en relación con la compra ilegal del software de espionaje Pegasus. La decisión ha generado controversia y críticas sobre la actuación de la FGR en este caso de gran relevancia nacional.
La FGR Apelará la Decisión Judicial
En respuesta a la resolución de la jueza, la FGR anunció que apelará de inmediato, argumentando que la no vinculación a proceso es ilegal. Además, la fiscalía ha abierto una carpeta de investigación por delitos en contra de la administración de justicia, lo que indica la gravedad de las acusaciones y la intención de continuar con el proceso judicial. La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde se discutieron las imputaciones contra Gómez Molano.
Argumentos de la Jueza y la FGR
Durante la audiencia, la jueza Domínguez Santos determinó que la adquisición del software Pegasus no presentó irregularidades y que estaba relacionada con actividades sustantivas de la PGR. Afirmó que “la adquisición no puede considerarse indebida”. Por otro lado, la FGR había señalado que Gómez Molano fue imputada por cuatro delitos, incluyendo el uso indebido de atribuciones y facultades, así como peculado y fraude equiparado, debido a la compra del software por un costo de 460 millones de pesos, sin que existiera una justificación adecuada para su adquisición.
Implicaciones del Caso Pegasus
Este caso no solo pone en tela de juicio la gestión de la exfuncionaria, sino que también resalta la problemática del uso de tecnología de espionaje en México. La FGR ha señalado que la compra de Pegasus, realizada durante la administración anterior, ha causado un daño irreparable al patrimonio público. A medida que la apelación avanza, la atención se centra en cómo se desarrollará este caso y las posibles repercusiones para los involucrados, así como para la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia en el país.