Los cárteles mexicanos han convertido el tráfico ilegal de vapeadores en una operación estratégica, a pesar de que su uso y venta están prohibidos en el país. Esta situación fue discutida en el Foro Global de Nicotina 2025, donde se advirtió que el prohibicionismo no solo ha fallado en detener el comercio de estos dispositivos, sino que ha facilitado el control del crimen organizado sobre su tráfico, representando una amenaza creciente para la seguridad regional.
El impacto del prohibicionismo en el mercado de vapeadores
Durante el foro, se destacó que la prohibición de los vapeadores en México, consagrada en la Constitución, no ha impedido su disponibilidad. Roberto Sussman, académico de la UNAM, enfatizó que, a pesar de la restricción legal, los dispositivos están omnipresentes en el mercado, evidenciando el fracaso de las políticas prohibicionistas. Aunque el mercado de consumo masivo ha disminuido, las redes criminales han tomado el control de la distribución, lo que agrava la situación.
Cárteles involucrados en el tráfico ilegal de vapeadores
Los panelistas señalaron que no se trata de un solo grupo delictivo, sino de varios cárteles de diferentes tamaños que dirigen sus operaciones principalmente hacia la clase media baja y los jóvenes. Juan José Cirión Lee, activista mexicano, alertó sobre la participación de cárteles como los de Sinaloa y Jalisco, que utilizan tácticas de soborno y etiquetado fraudulento para introducir los vapeadores al país. Esta dinámica ha creado un mercado negro que es difícil de erradicar.
Críticas a las políticas de salud pública en México
El cardiólogo griego Konstantinos Farsalinos y el especialista británico Clive Bates criticaron las políticas prohibicionistas de México, argumentando que, mientras se prohíben los vapeadores, se permite el consumo de cigarrillos de tabaco, lo que resulta en un enfoque contradictorio y dañino para la salud pública. Ambos expertos coincidieron en que la prohibición de tecnologías menos dañinas que el tabaco es una estrategia ineficaz y contraproducente, que solo fomenta un mercado ilícito y pone en riesgo a la población, especialmente a los menores.