La reciente aprobación de una reforma a la Ley de la Guardia Nacional ha generado un intenso debate en México, especialmente en lo que respecta a la privacidad de los ciudadanos. La Cámara de Diputados, con 351 votos a favor, dio luz verde a una iniciativa que transfiere responsabilidades de la Guardia Nacional al Ejército, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la posible vigilancia de comunicaciones privadas. Durante la discusión, se acusó que esta reforma permitiría a las autoridades interceptar conversaciones y llamadas telefónicas bajo la mera presunción de un delito.
### Aclaraciones sobre la reforma y su impacto
Ofelia Socorro Jasso Nieto, diputada del PRI, fue una de las voces críticas durante la sesión, advirtiendo que la reforma habilitaría a la Guardia Nacional para realizar labores de inteligencia, lo que podría incluir la interferencia en conversaciones privadas. Sin embargo, desde la bancada de Morena y sus aliados, se desestimaron estas acusaciones, argumentando que la reforma tiene como objetivo mejorar la seguridad pública y el orden en el país.
### La postura del gobierno sobre la privacidad
Ernestina Godoy, consejera jurídica del Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la reforma no implica una invasión a la privacidad de los ciudadanos. En su intervención, Godoy explicó que se establecerá un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que permitirá a la Guardia Nacional desarrollar actividades de inteligencia, pero siempre bajo los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aseguró que cualquier intervención en comunicaciones privadas requeriría autorización judicial previa, garantizando así el respeto a los derechos de los usuarios.
### Críticas de organizaciones de derechos digitales
A pesar de las aclaraciones del gobierno, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales han expresado su preocupación. Aseguran que la reforma podría legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército, permitiendo el uso de información en actividades de inteligencia sin suficientes controles. Además, advierten que la modificación de ciertas disposiciones legales podría facilitar un incremento en la vigilancia sobre las conversaciones privadas, lo que podría afectar la confianza de los ciudadanos en la protección de su privacidad.