A pesar de los compromisos del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de transparencia y cero corrupción, un reciente informe revela que casi la mitad de las compras revisadas durante su administración presentan irregularidades. De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), el 44.4% de las operaciones analizadas resultaron en sanciones, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad de las medidas implementadas.
Irregularidades en las Compras Públicas
Entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 2025, los 64 nuevos Testigos Sociales, encargados de supervisar las compras y obras públicas, emitieron 369 resoluciones. De estas, 164 fueron sancionatorias, lo que equivale a un alarmante 44.4%. Las sanciones impuestas incluyen multas y, en algunos casos, inhabilitaciones, sumando un total de 70.1 millones de pesos en penalizaciones.
Resultados del Informe de la SABG
El informe de la SABG, entregado al Poder Legislativo, destaca que de 70 medios de impugnación resueltos, el 65.7% correspondió a resoluciones confirmadas por autoridades competentes. Sin embargo, en el 34.3% de los casos restantes, las resoluciones fueron declaradas nulas, lo que pone de manifiesto fallas en el sistema de supervisión y control de las adquisiciones públicas.
Fortalecimiento de la Supervisión Ciudadana
Con la nueva Ley de Adquisiciones, expedida en abril de 2025, se busca fortalecer el papel del Testigo Social, aumentando su número en un 68%. Este mecanismo, que tiene más de dos décadas de existencia, ha sido democratizado para mejorar la participación ciudadana en la vigilancia de la legalidad y transparencia de los procesos de compra. Durante el primer semestre de 2025, se atendieron 63 solicitudes de designación de testigos sociales, impactando procedimientos de contratación pública por un monto estimado de 273 mil millones de pesos, un 20% más que el año anterior.