Aprobada la reforma a la Ley Aduanera en la Cámara de Diputados
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ha aprobado la reforma a la Ley Aduanera propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 31 votos a favor de los partidos Morena, PVEM y PT, y 12 en contra de los partidos PAN, PRI y MC. Esta reforma busca combatir la corrupción, el huachicol fiscal y el tráfico de mercancías ilegales en las aduanas, marcando un cambio significativo en la regulación de las operaciones aduaneras en México.
Cambios clave en la reforma
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra el aumento de la vigencia de la patente aduanal, que pasará de 10 a 20 años, con la posibilidad de una prórroga adicional, alcanzando un total de hasta 40 años. Además, se amplía el plazo para la certificación de los agentes aduanales de dos a tres años, con el objetivo de mantener un control más riguroso sobre quienes operan en este sector. El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, destacó que la iniciativa incluye cambios en 65 artículos, con un enfoque en mejorar la eficiencia de la operación aduanera y aumentar la recaudación federal.
Requisitos para agentes aduanales
Para fortalecer la lucha contra la corrupción, la reforma establece nuevos requisitos para ser agente aduanal. Estos incluyen la prohibición de que sean servidores públicos o estén inhabilitados, así como la obligación de presentar su evolución patrimonial y no tener intereses con quienes solicitan trámites de comercio. Además, se exige que los recintos fiscales cuenten con sistemas electrónicos de control de inventarios y videovigilancia, lo que permitirá un monitoreo en tiempo real de las mercancías.
Desaprobación de la oposición
Los diputados del PAN y PRI han manifestado su rechazo a la reforma, argumentando que esta afectará la competencia comercial y que es una “faramalla propagandística”. Aseguran que el gobierno no se hace responsable de los problemas de corrupción, y critican que la iniciativa no aborda las raíces del huachicol fiscal, que, según ellos, se encuentra mayormente dentro del propio gobierno. La oposición sostiene que la responsabilidad de la corrupción no debe recaer únicamente sobre los agentes aduanales, sino que también es un problema que involucra a funcionarios públicos.