Confusión en la Aprobación de la Ley de Amparo
Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ha afirmado que la inclusión del artículo transitorio en la reforma a la Ley de Amparo se llevó a cabo en coordinación con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la situación ha generado incertidumbre, ya que en el Senado no se tiene claridad sobre quién dio la instrucción para incluir la retroactividad en la ley. Castillo destacó que la intención no era establecer dicha retroactividad, sugiriendo que podría haber confusiones en la interpretación de la redacción.
Desacuerdos y Posibles Cambios en la Cámara de Diputados
A pesar de que se prevé una corrección en la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado indicó que será responsabilidad de los diputados decidir si eliminan el artículo transitorio o simplemente modifican su redacción. Castillo enfatizó que la minuta enviada no contenía el transitorio en cuestión, aunque su declaración generó confusión, ya que también mencionó que el artículo estaba presente en la minuta. Esta contradicción ha suscitado interrogantes sobre el proceso legislativo.
Responsabilidades y Críticas en el Proceso Legislativo
El senador Manuel Huerta, quien propuso la reserva para incluir el transitorio, rechazó la idea de actuar como un “duende legislativo” y aseguró que la propuesta fue discutida dentro de su grupo parlamentario. A su vez, otros legisladores, como Javier Corral del PAN, han insinuado que la orden para incluir la retroactividad pudo haber venido de instancias superiores, lo que intensifica las críticas hacia la transparencia del proceso legislativo.
La Reacción de los Actores Políticos
El debate sobre la reforma a la Ley de Amparo ha llevado a diversos líderes políticos a expresar sus opiniones. Ricardo Anaya, coordinador del PAN, sugirió que la decisión de incluir el transitorio fue dictada desde arriba, mientras que Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, cuestionó la falta de claridad en las instrucciones dadas a los legisladores. Este contexto de incertidumbre y desacuerdos resalta la complejidad del proceso legislativo en torno a una reforma que busca impactar significativamente el acceso a la justicia en el país.