La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que existen querellas por un monto de 16 mil millones de pesos relacionadas con la red de corrupción del huachicol fiscal. Sin embargo, desmintió que el daño al erario por contrabando de combustibles alcance los 600 mil millones de pesos, cifra que fue mencionada por la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Detalles sobre las querellas y el daño patrimonial
En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la cifra de los 16 mil millones de pesos se refiere a casos específicos que ya han sido denunciados. Galeano García aclaró que el monto mencionado corresponde al saldo histórico de los casos querellados y no solo a un incidente particular, como el buque localizado en Altamira, Tamaulipas. La mandataria enfatizó que actualmente no existe un dato oficial de la Secretaría de Hacienda sobre el monto total del contrabando de combustible, pues se está trabajando para cuadrar toda la información necesaria.
Creación de una base de datos para el control de combustibles
Ante la situación, Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo compuesto por diversas dependencias del gobierno, incluyendo las secretarías de Energía, Hacienda, Seguridad y Protección Ciudadana, así como Pemex y Aduanas. El objetivo de este grupo es establecer una única base de datos que permita conocer, día a día, la cantidad de combustibles que se importan y su compatibilidad entre las distintas instituciones. “Queremos tener una sola fuente de información sobre la cantidad de combustible que se importa, se vende y se produce”, afirmó.
Compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, respaldó la información proporcionada por Sheinbaum, confirmando que las querellas son expedientes específicos integrados por las distintas áreas del gobierno. Este esfuerzo es parte de un compromiso más amplio del gobierno para combatir la corrupción en el sector de los combustibles y asegurar la transparencia en la administración de los recursos públicos.