En medio de la controversia por la reforma a la Ley de Amparo, la diputada y exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, ha expresado su preocupación por las implicaciones que esta iniciativa podría tener en el acceso a la justicia. Durante su intervención, cuestionó la nueva definición de “interés legítimo” incluida en el dictamen, advirtiendo que podría excluir a colectivos vulnerables de la protección que brinda el amparo.
Nueva definición de “interés legítimo” genera preocupación
Sánchez Cordero argumentó que la reforma condiciona el interés legítimo a demostrar un “beneficio cierto” derivado de la anulación de un acto, lo que podría dificultar el acceso a la justicia para grupos como personas con discapacidad, consumidores e indígenas. “Me preocupa que el interés legítimo restrinja el acceso a la justicia”, afirmó, señalando que esta modificación podría dejar fuera a quienes más necesitan protección legal.
Críticas a la exención de garantías para organismos oficiales
Además, la diputada criticó el artículo 7 de la reforma, que establece que las personas morales oficiales, como organismos descentralizados y empresas públicas, estarán exentas de prestar las garantías requeridas por la ley. Esta disposición, según Sánchez Cordero, podría generar un trato desigual en el acceso a la justicia, afectando a los ciudadanos que buscan amparo ante actos de estas entidades.
Rechazo al sistema de Juicio en Línea
Por último, la exministra se mostró contraria a la obligatoriedad de tramitar el juicio de amparo a través del sistema de Juicio en Línea, argumentando que muchos ciudadanos aún enfrentan brechas digitales que dificultan su acceso a este tipo de servicios. “Sería insensible imponer una obligación no gradual dirigida a la obtención de usuario”, concluyó, haciendo un llamado a considerar las condiciones de la población antes de implementar cambios que podrían perjudicar su acceso a la justicia.