Proyecto de Lenia Batres genera controversia en la SCJN
De prosperar el proyecto presentado por Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se podría provocar una “severa disminución de derechos” para las personas con discapacidad en México. Especialistas advierten que la propuesta sugiere que no sería necesario consultar a este sector antes de reformar leyes de carácter general, siempre y cuando se considere que dichas reformas son “beneficiosas”. Esta postura representa un cambio significativo respecto al criterio establecido por la SCJN desde 2016, que obligaba a consultar a las personas con discapacidad en decisiones que afectan sus derechos.
Un retroceso en derechos y participación
Desde 2016, la SCJN ha dictado que es obligatorio consultar a las personas con discapacidad en cualquier disposición legal que incida en sus derechos, en línea con el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, la reciente propuesta de Batres plantea que si una ley se considera beneficiosa, la consulta podría ser omitida, lo que generaría un retroceso en la participación activa de este grupo en la toma de decisiones que les afectan directamente.
Implicaciones de la nueva propuesta
Los especialistas argumentan que esta nueva interpretación podría llevar a una falta de consideración de las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad. La propuesta no define claramente qué significa que una disposición “beneficie” a este sector, dejando a criterio de los ministros decidir cuándo se justifica la falta de consulta. Esto podría resultar en la imposición de medidas que no reflejen las verdaderas necesidades y deseos de las personas con discapacidad, quienes son las únicas que pueden determinar qué constituye un beneficio real en su vida diaria.
La importancia de la consulta obligatoria
La consulta obligatoria no solo es un mecanismo de inclusión, sino que también es fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Desde 2016, la SCJN ha abordado cerca de 40 casos donde se combatió la falta de consulta, reafirmando la importancia de escuchar a quienes se verán afectados por las decisiones legislativas. Con la propuesta de Batres, se corre el riesgo de regresar a un modelo donde las personas con discapacidad son vistas como sujetos pasivos, en lugar de activos participantes en la construcción de su propio futuro.