Oposición rechaza cambios de última hora que bajan de 20 a 12 años de cárcel a funcionarios cómplices u omisos del delito de extorsión.
La nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero la oposición se opone firmemente a cambios que reducen las penas para funcionarios cómplices de este delito. En la discusión, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, propuso modificar el castigo de 10 a 20 años de prisión a solo 5 a 12 años, lo que generó un intenso debate entre los legisladores.
A pesar de que Morena, PVEM y PT apoyan esta modificación, la oposición, representada por el PAN, PRI y MC, argumenta que esta reducción de penas es inaceptable y se refiere a ella como la “reserva Bermúdez”, en alusión a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, relacionado con actividades delictivas. El debate sobre esta modificación continúa en el pleno, evidenciando la división entre los partidos.
Sanciones propuestas en la ley contra la extorsión
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum busca establecer un tipo penal básico por el delito de extorsión, con penas de seis a 15 años de prisión y multas que oscilan entre 100 y 500 veces el valor de la UMA. Además, se prevén agravantes que aumentan las penas hasta 20 años en casos de conductas que impliquen daños patrimoniales o que se cometan contra personas vulnerables, como migrantes o menores de edad.
Entre las agravantes también se incluyen situaciones en que se utilice violencia física o psicológica, así como el uso de información privada para coaccionar a las víctimas. Con estas medidas, el objetivo es endurecer las sanciones y proporcionar herramientas más efectivas para combatir la extorsión en el país.
El dictamen de esta ley ahora pasará al Senado para su discusión y votación, donde se espera que continúe el debate sobre las penas y las medidas de prevención propuestas.
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