Legisladoras exigen acción ante la crisis de desapariciones en México
Las senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han manifestado su preocupación por la falta de presupuesto destinado a combatir la creciente crisis de desapariciones en México. Este llamado surge tras el anuncio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha comenzado una investigación para determinar si la desaparición forzada en el país se lleva a cabo de manera sistemática. La legisladora Claudia Anaya destacó que, con más de 130,000 desapariciones registradas en 2025, es fundamental que el gobierno tome medidas concretas para abordar esta problemática.
Omisiones del gobierno federal
Anaya subrayó que, aunque el Estado mexicano ha expresado su compromiso de enfrentar las desapariciones, existen múltiples disposiciones legales que no se han implementado, como el Centro de Identificación Humana, que se concibió como un recurso vital para la localización de desaparecidos. Además, mencionó que la reciente reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada no facultó a la fiscalía para realizar acciones de búsqueda, lo que ha dejado vacíos legales significativos en el manejo de esta crisis.
Iniciativas legislativas y presupuesto
La senadora Mely Romero presentó una iniciativa que establece que, si el número de personas desaparecidas aumenta, el presupuesto destinado a su búsqueda no debe disminuir. Durante los primeros semestres de 2024 y 2025, el incremento de desaparecidos fue del 18%, mientras que el presupuesto para su búsqueda se redujo en un 16%. Esta disparidad resalta la urgencia de revisar las políticas y asignaciones presupuestarias relacionadas con este tema crítico.
Reacciones y llamados a la acción
La vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, también criticó la omisión del gobierno ante las crecientes denuncias sobre desapariciones. Barrales enfatizó que es crucial no ver la intervención de la ONU como una vulneración de la soberanía, sino como una oportunidad para que el gobierno asuma la responsabilidad en la atención de esta situación alarmante. La presión sobre el gobierno para actuar se intensifica, y las legisladoras exigen acciones efectivas que garanticen la protección de los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos.