La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desestimado la solicitud de las empresas Elektra y TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, para aplazar los juicios fiscales que enfrentan. La decisión se fundamenta en la falta de disposiciones legales que permitan al ministro presidente suspender el dictado de los fallos, lo que ha generado un nuevo capítulo en la relación entre estas compañías y el sistema judicial mexicano.
## Contexto de la Solicitud de Aplazamiento
Las empresas en cuestión argumentaron que estaban en conversaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ajustar los montos de los créditos fiscales que tienen pendientes, que ascienden a más de 33 mil 400 millones de pesos. Según su perspectiva, si el SAT modificaba los montos, no habría necesidad de que la SCJN interviniera y dictara sentencia en siete casos relacionados.
## Rechazo de la SCJN
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó que solo las autoridades pueden presentar nuevas pruebas en los amparos directos en revisión, lo que limita las posibilidades de las empresas de postergar la resolución de sus casos. Además, la Corte ha adoptado una postura firme contra las prácticas dilatorias, desechando solicitudes de impedimento que no contaban con el sustento adecuado.
## Implicaciones para Elektra y TV Azteca
El rechazo de la SCJN representa un desafío significativo para Elektra y TV Azteca, que han intensificado sus esfuerzos legales en el máximo tribunal. Recientemente, se han presentado 14 notificaciones relacionadas con amparos en revisión, lo que indica una estrategia agresiva para manejar su situación fiscal. La Corte ha dejado claro que cualquier intento de dilación en el proceso judicial será desechado sin mayores trámites.
## Jurisprudencia Relacionada en Quintana Roo
En una sesión pública reciente, los ministros de la SCJN también invalidaron la facultad de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo para solicitar intervenciones de comunicaciones y geolocalización en tiempo real. Esta decisión, tomada por mayoría de seis votos contra tres, subraya la importancia de proteger los derechos fundamentales y evitar la duplicidad de funciones en el sistema judicial, asegurando que las medidas adoptadas sean coherentes con la legislación federal.