El Senado aprobó en comisiones la nueva ley contra la extorsión con penas de hasta 25 años y nuevas medidas contra llamadas desde prisión, pero senadores advierten riesgos de corrupción y falta de presupuesto.
Con cambios a 15 artículos, las comisiones unidas de Estudios Legislativos y Justicia del Senado aprobaron, por unanimidad, el dictamen para a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos en Materia de Extorsión, y modificaciones a otras; se prevé que hoy se apruebe en el pleno.
Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que el sentido de la ley es homologar un tipo básico de sanciones para quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer o dejar de hacer algo obteniendo un beneficio de lucro.
“Se propone la persecución de oficio del delito de extorsión desde centros penitenciarios; establece procedimientos y tecnologías para la inhibición de llamadas y comunicaciones desde las cárceles”.
El morenista resaltó que el principal cambio es respecto de las penas, pues se aumentó el rango de cinco a 15 años propuesto por la Cámara de Diputados, pues el objetivo de la legislación no es permitir la liberación de personas actualmente presas por el delito, por el principio de ley retroactiva en beneficio de un ciudadano, algo que permitiría excarcelaciones sobre todo en Chihuahua, Morelos y Michoacán.
“Con la finalidad de evitar esa situación se propone aumentar el mínimo propuesto a 15 años de prisión y una sanción máxima de 25 años”, dijo.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN, reconoció que cuando el oficialismo tiene apertura se tienen “mejores productos legislativos”.
Guadalupe Murguía, también del PAN, criticó que no se proponga un aumento presupuestal para el combate al delito.
“¿Con qué recursos va a operar el Centro de Atención a Denuncias por Extorsión que tiene a su cargo la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana? Si no asignamos recursos suficientes para el cumplimiento de la ley, esto sólo va a ser un catálogo de buenas intenciones”.
Carolina Viggiano, del PRI, se pronunció por que la ley dé mayor fuerza a las víctimas para fomentar la denuncia, y consideró que el aumento de penas no será suficiente.
Además, perfiló que los jueces y ministerios públicos podrían cambiar el tipo penal a aquellos presuntos delincuentes que tengan dinero para corromperlos. “Lo único que vamos a generar es más corrupción”, alertó.
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Senado aprueba ley contra la extorsión
Las comisiones unidas de Estudios Legislativos y Justicia del Senado de México han dado un paso significativo al aprobar, por unanimidad, el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos en Materia de Extorsión. Esta ley, que modifica 15 artículos, busca establecer un marco legal más robusto para combatir la extorsión, un delito que ha crecido en los últimos años, afectando a miles de ciudadanos.
Medidas y sanciones propuestas
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, destacó que la ley tiene como objetivo homologar un tipo básico de sanciones para aquellos que obliguen a otros a dar, hacer o dejar de hacer algo en beneficio propio. Entre las medidas más relevantes se incluye la persecución de oficio para el delito de extorsión desde centros penitenciarios, así como la implementación de tecnologías para inhibir las comunicaciones desde las cárceles.
Aumento de penas y críticas al presupuesto
Uno de los cambios más significativos es el aumento de las penas, que ahora oscilarán entre 15 y 25 años de prisión, en lugar de los cinco años propuestos inicialmente por la Cámara de Diputados. Sin embargo, algunos senadores, como Guadalupe Murguía del PAN, han expresado su preocupación por la falta de un aumento presupuestal que permita la implementación efectiva de esta ley. Sin recursos adecuados, advierten que la nueva legislación podría convertirse en un mero catálogo de buenas intenciones.
Riesgos de corrupción
Carolina Viggiano del PRI también ha manifestado su preocupación, sugiriendo que el aumento de penas por sí solo no será suficiente para combatir la extorsión. Además, alertó sobre el riesgo de que jueces y ministerios públicos puedan ser corrompidos, lo que podría llevar a una mayor impunidad y corrupción en el sistema judicial. La implementación efectiva de la ley dependerá no solo de las penas, sino también de un compromiso real con la justicia y el fortalecimiento de las instituciones.