La reciente aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión en México ha generado expectativas en la lucha contra este delito. Con el respaldo de las principales bancadas en el Congreso, la reforma busca erradicar las llamadas extorsivas que provienen de centros penitenciarios, un fenómeno que ha afectado a miles de ciudadanos.
Medidas más estrictas contra la extorsión
La nueva legislación eleva las penas por extorsión hasta 25 años de prisión, lo que representa un cambio significativo en la política penal del país. Las autoridades, encabezadas por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, han destacado que el 74% de las llamadas de extorsión desde cárceles han sido interceptadas gracias a una estrategia nacional implementada a finales de octubre. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para combatir la violencia y el miedo que generan estas prácticas delictivas.
Penas específicas para las extorsiones desde la cárcel
La reforma también establece sanciones específicas para quienes utilicen dispositivos electrónicos para extorsionar desde las cárceles. Las penas oscilan entre 6 y 12 años para aquellos que introduzcan teléfonos móviles u otros equipos en los centros penitenciarios. Además, se prevén sanciones de 10 a 20 años para funcionarios de seguridad que no denuncien actos de extorsión, lo que busca asegurar la responsabilidad de todos los involucrados en el sistema de justicia.
Protección a las víctimas de extorsión
Un aspecto fundamental de esta reforma es la implementación de medidas protectoras para las víctimas de extorsión, especialmente en situaciones donde su vida o integridad física se encuentre en riesgo. La legislación busca no solo castigar a los perpetradores, sino también brindar un marco de protección a quienes sufren estas agresiones, fortaleciendo así el tejido social y la confianza en las instituciones.