Denuncias de tortura en el caso de los jóvenes detenidos tras la marcha de la Generación Z
Un juez de Control de la Ciudad de México ha vinculado a proceso a tres de los dieciocho jóvenes detenidos durante una marcha convocada por la Generación Z, acusándolos de homicidio calificado en grado de tentativa. Los detenidos, Quetzal Arturo G. R., Francisco G. C. y Gabriel P. R., enfrentan serias acusaciones que han desatado una ola de críticas y denuncias de irregularidades por parte de sus abogados, quienes aseguran que las capturas se realizaron bajo actos de tortura.
Situación jurídica de los detenidos
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX emitió un comunicado detallando la situación jurídica de los jóvenes. De los dieciocho detenidos, trece han sido vinculados a proceso, mientras que cinco más solicitaron la duplicidad de término, lo que significa que su situación se definirá el próximo 21 de noviembre. Actualmente, ocho de los detenidos están en prisión, y dos de ellos enfrentan cargos por homicidio doloso en grado de tentativa. Los otros diez, aunque vinculados a procesos por delitos menores, continuarán su proceso en libertad bajo medidas cautelares.
Reacciones y acusaciones de irregularidades
Los abogados de los detenidos han denunciado no solo la forma en que se realizaron las detenciones, sino también las decisiones judiciales que, según ellos, han sido irregulares. La marcha del pasado sábado, que dejó a 84 policías y cuatro civiles heridos, ha sido objeto de investigación, con un total de 17 carpetas abiertas por diversos delitos, incluyendo lesiones dolosas y robo. Uno de los detenidos, un funcionario de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, sostiene que su presencia en la marcha fue únicamente para tomar fotografías y no para participar en los disturbios.
Contexto de la marcha y su impacto
La marcha convocada por la Generación Z ha generado un fuerte debate en la sociedad sobre la libertad de expresión y el uso de la fuerza por parte de las autoridades. La Fiscalía ha resaltado que, a pesar de la violencia registrada, se han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos y responsabilizar a quienes resulten culpables. La situación actual de los detenidos y las acusaciones de tortura han puesto en el centro de atención la necesidad de revisar los protocolos de actuación de las fuerzas del orden en situaciones de protesta.