La Suprema Corte permite a víctimas de descargas eléctricas demandar a la aseguradora de CFE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión significativa al permitir que las víctimas de descargas eléctricas puedan exigir indemnización directamente a la aseguradora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Grupo Inbursa, sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa. Esta resolución se produjo tras la negación de dos amparos solicitados por la aseguradora, lo que establece un precedente importante para los derechos de los afectados.
Detalles de los casos de descargas eléctricas
Los casos en cuestión involucran a dos personas que sufrieron lesiones graves debido a descargas eléctricas mientras realizaban trabajos de albañilería. En el primero, ocurrido el 5 de julio de 2023, una víctima de 21 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, así como pérdida de fuerza en las extremidades. En el segundo caso, el 20 de septiembre de 2024, otro trabajador también sufrió una descarga que afectó significativamente su calidad de vida.
Argumentos legales y derechos de las víctimas
Ambos afectados demandaron a Grupo Inbursa, argumentando que tenían derecho a recibir indemnización a través de un seguro que la CFE había contratado. La aseguradora, sin embargo, se opuso al argumento, alegando que la vía civil no era apropiada para reclamar dicha indemnización. Sin embargo, la SCJN, basándose en el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, determinó que las víctimas pueden reclamar directamente a la aseguradora por daños derivados del servicio público de energía eléctrica, simplificando así el proceso y garantizando el acceso a la justicia.
Implicaciones de la resolución de la SCJN
La decisión de la SCJN no solo proporciona un camino más directo para que las víctimas accedan a la compensación que merecen, sino que también establece un claro precedente sobre la responsabilidad de las aseguradoras en casos de daños causados por el servicio público. Los ministros subrayaron que esta interpretación legal protege el derecho de las víctimas y evita trámites prolongados que podrían obstaculizar su acceso a la justicia. Además, se enfatizó que si la aseguradora no cubre la totalidad del daño, los afectados pueden iniciar un procedimiento administrativo para reclamar el monto restante.