La OFAC sanciona al Cártel Santa Rosa de Lima por sus operaciones ilícitas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) en su lista negra, señalando sus actividades delictivas relacionadas con el robo y contrabando de combustibles en México. Esta organización criminal, con sede en Guanajuato, se ha beneficiado de ingresos ilícitos a través de operaciones que han impactado negativamente tanto a las empresas estadounidenses de petróleo y gas natural como a las finanzas del gobierno mexicano.

Impacto en la economía y la seguridad nacional

Las autoridades estadounidenses han acusado al CSRL de socavar la industria energética legítima y de privar al gobierno mexicano de ingresos esenciales. El combustible robado por el cártel es vendido en el mercado negro, lo que ha contribuido a un aumento de la violencia en Guanajuato, donde el conflicto entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha convertido a la región en una de las más mortales del país. Esta situación ha llevado a un entorno de inseguridad que afecta a la población civil y a las empresas que operan legalmente.

El liderazgo del cártel desde la prisión

José Antonio Yépez Ortiz, conocido como ‘El Marro’, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, sigue dirigiendo la organización desde la cárcel. A pesar de su detención en 2020, se ha revelado que ‘El Marro’ continúa enviando instrucciones a sus operativos a través de familiares y abogados. Esta estructura de mando ha permitido al cártel mantener su operatividad y buscar alianzas con otras organizaciones criminales, como el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, para fortalecer su control sobre el mercado de combustibles robados.

Operaciones de contrabando en el “Triángulo de la Bermudas”

El Departamento del Tesoro ha explicado que el Cártel Santa Rosa de Lima opera en un área conocida como el “Triángulo de la Bermudas”, que incluye municipios clave como León, Irapuato y Salamanca. En esta región, los cárteles utilizan sobornos y amenazas para infiltrarse en la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), llevando a cabo perforaciones ilegales y secuestrando camiones cisterna cargados de combustible. Estos hidrocarburos son luego vendidos en el mercado negro, no solo en México, sino también en Estados Unidos y Centroamérica, donde son etiquetados erróneamente para evadir impuestos, generando así millonarias pérdidas para Pemex y alimentando un ciclo de corrupción y violencia en el país.

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