Estados Unidos impone sanciones al Cártel Santa Rosa de Lima
Estados Unidos ha decidido imponer sanciones al Cártel Santa Rosa de Lima y a su líder, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”, quien fue detenido en 2020. Esta acción se debe a su implicación en una extensa red de robo y contrabando de combustible, que ha sido identificada como su principal fuente de ingresos. Según el Departamento del Tesoro, estas actividades no solo afectan a la economía mexicana, sino que también socavan a las empresas estadounidenses en el sector de petróleo y gas natural.
Impacto del contrabando de combustible en la economía
El Tesoro de EE. UU. ha indicado que el contrabando de crudo y el robo de combustible, conocido como “huachicoleo”, se han convertido en las principales fuentes de ingresos no relacionados con las drogas para los cárteles mexicanos. Esta situación ha llevado a que el gobierno estadounidense intensifique sus esfuerzos para aislar a estos grupos del sistema financiero. Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que “no importa dónde ni cómo los carteles obtengan y laven dinero, los encontraremos y los detendremos”.
El Marro sigue operando desde la prisión
A pesar de su encarcelamiento, se ha denunciado que “El Marro” mantiene el control del Cártel Santa Rosa de Lima y dirige operaciones desde la prisión. Los llamados huachicoleros, que roban combustible de Pemex, utilizan sobornos a empleados corruptos para llevar a cabo sus actividades delictivas. Esta situación ha generado preocupación sobre la efectividad del sistema penitenciario en México y su capacidad para contener el poder de los cárteles.
Alianzas peligrosas en el crimen organizado
La Administración de Donald Trump ha señalado que la lucha territorial entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha convertido al estado de Guanajuato en uno de los más violentos del país. Además, se ha informado que Santa Rosa de Lima ha establecido alianzas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, ambos considerados organizaciones terroristas por Washington. Como resultado de las sanciones impuestas, todos los bienes de los involucrados en Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser reportados, intensificando la presión sobre el crimen organizado en la región.