Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, ha presentado una serie de acusaciones contra el gobierno de Estados Unidos, alegando violaciones a tratados internacionales durante su detención en julio de 2024. En una carta dirigida a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, Zambada solicita su repatriación y un juicio en México, argumentando que su traslado a territorio estadounidense fue ilegal y que enfrenta el riesgo de ser condenado a muerte.
Violaciones a Tratados Internacionales
En su misiva, Zambada sostiene que no se respetaron los procedimientos establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que exige notificar a los consulados sobre la detención de sus nacionales. Según su relato, fue privado de libertad en México mediante coacción y posteriormente trasladado a Estados Unidos sin la debida autorización. Zambada también menciona que este proceso vulnera sus derechos humanos, como se estipula en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Argumentos Legales y Derechos Humanos
Los abogados de Zambada argumentan que su detención y traslado violan múltiples artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como compromisos internacionales. En su carta, Zambada enfatiza que el gobierno mexicano tiene la obligación de proteger los derechos de sus ciudadanos y que el incumplimiento de esta responsabilidad podría deteriorar las relaciones entre México y Estados Unidos. Asegura que su traslado irregular no solo careció de los requisitos legales, sino que también infringe derechos fundamentales garantizados por la ley.
Acusaciones Contra ‘El Mayo’ Zambada
Zambada enfrenta varios cargos, incluyendo la fabricación y distribución de fentanilo, y se encuentra en medio de negociaciones para un posible acuerdo de culpabilidad con fiscales estadounidenses. Su carta llega en un contexto complicado, ya que Estados Unidos ha designado a varios cárteles mexicanos, incluido el de Sinaloa, como “organizaciones terroristas extranjeras”. Esta categorización busca proporcionar al gobierno estadounidense más herramientas para combatir el crimen organizado en la región.