Organizaciones civiles alertan sobre la ratificación de juez acusado de violencia sexual
Diversas organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a la prevención de la violencia sexual contra menores, han expresado su profunda preocupación por la posible ratificación de Héctor Ulises Orduña Hernández como Juez de Distrito en Veracruz. Este individuo enfrenta acusaciones graves por el delito de violencia sexual en agravio de una adolescente, lo que plantea serios riesgos para el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas.
Acusaciones graves y antecedentes preocupantes
En un comunicado conjunto, organizaciones como Alumbra, Reinserta, Te Protejo, Freedom, Guardianes, Conciencia, World Vision y ChildFund México, advirtieron sobre el impacto negativo que tendría la ratificación de Orduña. Este juez, actualmente detenido, es acusado de realizar tocamientos lascivos a su sobrina y de obligarla a observar material sexual explícito. Además, se le vincula en Estados Unidos con la posesión de material de abuso sexual infantil, lo que agrava aún más su situación.
Consecuencias para la justicia y la sociedad
Las organizaciones enfatizan que permitir que una persona con tales acusaciones ocupe un cargo de alta responsabilidad sería un mensaje devastador para las víctimas y sus familias. La credibilidad del sistema judicial se vería erosionada, y se enviaría una señal de impunidad que podría afectar el principio de imparcialidad que debe regir en la justicia. Este escenario representa una grave amenaza para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.
Un llamado urgente a la acción
Ante esta situación, las organizaciones han hecho un llamado a las autoridades competentes, incluyendo al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, para que actúen con celeridad y transparencia. Exigen que se priorice el interés superior de la niñez, recordando que la presunción de inocencia no debe ser utilizada como excusa para ignorar los deberes de protección frente a posibles agresores en funciones de autoridad. La sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones defensoras de derechos humanos deben unirse en la exigencia de un sistema judicial íntegro y comprometido con la protección de los derechos de las infancias.