En México, la crisis de desapariciones ha alcanzado cifras alarmantes, con más de 127 mil personas desaparecidas desde la década de 1950, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Este preocupante panorama ha llevado a la Secretaría de Gobernación a incorporar 570 propuestas legislativas y de política pública, impulsadas por familiares y colectivos de personas desaparecidas, en una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Propuestas para mejorar la búsqueda de desaparecidos
Entre las propuestas destacadas se encuentran la implementación de protocolos de seguridad y protección para las familias buscadoras, así como la obligación de registrar inmediatamente cualquier reporte de desaparición. Además, se plantean sanciones para las autoridades que no cumplan con estas obligaciones, lo que busca garantizar una respuesta efectiva y rápida ante las desapariciones.
Diálogo y colaboración con colectivos de víctimas
En una reciente conferencia de prensa, se presentó un informe sobre los avances en las mesas de diálogo entre el gobierno y más de 450 colectivos de víctimas, representando a más de mil personas. La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que la reforma es resultado de un trabajo conjunto y transparente con quienes buscan a sus seres queridos, reafirmando el compromiso del gobierno de priorizar la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Compromiso del gobierno ante la crisis de desapariciones
Rodríguez también enfatizó que la iniciativa no solo busca reformar la legislación, sino que se complementará con acciones concretas en políticas públicas y mecanismos de participación de los colectivos. Desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, se han registrado más de 8 mil nuevos casos de desapariciones, lo que refleja la urgencia de implementar medidas efectivas para abordar esta problemática que afecta a miles de familias en el país.