Organizaciones civiles piden debate sobre terapias de reorientación sexual
Varias organizaciones civiles mexicanas han solicitado que se inicie un debate en la Cámara de Diputados sobre la aprobación de una iniciativa que propone prohibir y sancionar las llamadas terapias de reorientación sexual. Argumentan que, de ser aprobada tal como está, podría violar los derechos fundamentales de algunas personas.
La iniciativa federal y las terapias de reorientación sexual
En abril pasado, el Congreso mexicano aprobó por mayoría el dictamen y reforma al Código Penal Federal, agregando un artículo a la Ley General de Salud para prohibir y penalizar las terapias de reorientación sexual, conocidas como Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig).
Las sanciones propuestas y la opinión de los activistas
La ley contempla sanciones de dos a seis años de prisión y multas de 103,740 a 207,480 pesos para quienes realicen, imparten, apliquen, obliguen o financien cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Marcial Padilla, presidente de la organización ciudadana ConParticipación, considera que los Ecosig deben ser prohibidos, ya que quienes son sometidos a ellos son agredidos y violentados de manera inhumana. Sin embargo, también afirma que se debe preservar el derecho humano a tomar decisiones libres y responsables sobre el propio bienestar emocional.
El debate sobre la iniciativa
Padilla señala que es necesario corregir la iniciativa, ya que no distingue entre la orientación sexual y la identidad de género, lo cual podría afectar a padres que estén acompañando a sus hijos en la exploración de su identidad sexual. Además, considera injusto que se sancione a los terapeutas que escuchan y acompañan a sus pacientes en sus objetivos terapéuticos. La ley también propone aumentar las sanciones cuando las terapias se realicen en contra de menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad.
Conclusiones y opiniones finales
Padilla reconoce la responsabilidad de los padres de acompañar a sus hijos de manera respetuosa y sin violencia, y considera que la ley podría garantizar el derecho de los menores a recibir orientación y asesoría en la exploración de su sexualidad. Sin embargo, advierte que la ley debe ser aprobada con matices para evitar criminalizar la libertad, la patria potestad y el ejercicio de la ética.