El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, critica a los ministros de la SCJN por querer eliminar la prisión preventiva
En su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por su intención de eliminar la prisión preventiva. López Obrador acusó a los ministros de querer desechar la Constitución mexicana y seguir los convenios internacionales firmados, calificándolos de “internacionalistas”.
El presidente acusa a los ministros de querer tirar a la basura la Constitución
El presidente López Obrador manifestó su descontento con los ministros de la Corte por su postura respecto a la prisión preventiva. Según el presidente, los ministros argumentan que, aunque la prisión preventiva está establecida en la Constitución mexicana, los convenios internacionales suscritos por México indican lo contrario. López Obrador considera que esta postura implica desechar la Constitución y acusó a los ministros de querer tirarla “a la basura”.
El presidente señala problemas en la Suprema Corte
Además de criticar la postura de los ministros respecto a la prisión preventiva, el presidente López Obrador mencionó otros problemas en la Suprema Corte. Hizo referencia al hecho de que dos ministros hayan declarado inconstitucional la reforma eléctrica realizada durante su gobierno. El presidente considera que estos problemas deben llevar a una reforma profunda, incluyendo los planes de estudio de las escuelas de derecho.
La CIDH condena a México por el uso de la prisión preventiva oficiosa
En abril de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Gobierno de México por el uso de la prisión preventiva oficiosa y le ordenó ajustar su ordenamiento jurídico para que sea compatible con la Convención Americana. La CIDH sostiene que México debe adecuar su legislación interna sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo a estándares internacionales.
En el caso García Rodríguez y otro vs México, la CIDH encontró al Estado de México responsable por la violación de diversos derechos de dos hombres que fueron enviados a prisión preventiva oficiosa durante 17 años y que sufrieron torturas durante su detención. Se confirmaron violaciones a los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, la protección judicial, a ser oído, a la presunción de inocencia y al principio de plazo razonable.
El caso se refiere a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, acusados del asesinato de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés, en 2001. García y Alpízar estuvieron en prisión preventiva durante 17 años, siendo el tiempo más largo que alguien ha estado en prisión sin sentencia en México. En 2019, quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos y en 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel, sentencia que está en apelación.