La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, anunció este viernes que se revisará la sentencia absolutoria emitida a favor de Diego ‘N’, un exestudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien fue acusado de manipular fotografías de sus compañeras utilizando inteligencia artificial con fines sexuales. Hernández destacó que la decisión judicial careció de perspectiva de género, lo que ha generado preocupación en torno a la forma en que se están tratando los casos de violencia digital.
Sentencia sin Perspectiva de Género
En una entrevista con medios de comunicación, la secretaria subrayó que el fallo a favor de Diego ‘N’ fue dictado sin considerar el contexto de género, lo que evidencia una falta de atención a las implicaciones de la violencia digital. “El argumento jurídico de la falta de un tipo penal es, en realidad, una falta de perspectiva de género”, comentó Hernández, quien también mencionó que se organizará una mesa de diálogo con el presidente del tribunal de justicia de la Ciudad de México para abordar este caso y otros similares.
Acciones para Prevenir Injusticias
Citlalli Hernández enfatizó la importancia de actuar en este tipo de situaciones para prevenir que se repitan injusticias. En este sentido, el caso de Diego ‘N’ se enmarca dentro de la Ley Olimpia, que busca combatir la violencia digital y proteger a las víctimas. Además, la funcionaria ha estado en contacto con las víctimas y planea reunirse con ellas la próxima semana para escuchar sus preocupaciones y ofrecer apoyo.
El Caso de Diego ‘N’ y las Denuncias de Violencia Digital
Diego ‘N’ fue acusado de robar y editar fotografías de sus compañeras para crear contenido sexual, lo que llevó a su expulsión del IPN. A pesar de ser absuelto en dos casos de violación a la intimidad, se enfrenta a otras seis investigaciones por delitos similares, así como a un cargo por pornografía infantil. La Fiscalía de la Ciudad de México ha revelado que se encontraron más de 166 mil imágenes y 20 mil videos en su posesión, muchos de los cuales eran de estudiantes de entre 17 y 25 años, lo que resalta la gravedad de sus acciones y la necesidad de un enfoque más riguroso en la justicia para este tipo de delitos.