El enfrentamiento entre los líderes de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, se intensificó el pasado 13 de diciembre durante una discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación. Ambos senadores intercambiaron acusaciones en torno a la aprobación del presupuesto, que incluyó un recorte significativo a los fondos asignados al Senado. Este episodio ha puesto de relieve las tensiones internas dentro del partido en un momento crucial para la gestión pública.
Acusaciones de corrupción en el Senado
Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, criticó la reducción del presupuesto del Senado, que pasó de un presupuesto inicial de 5,207 millones de pesos a uno que incluye un recorte de 123 millones. En su intervención, López hizo hincapié en la necesidad de investigar posibles actos de corrupción en el manejo del presupuesto, señalando que si la reducción se realizó en favor del gasto social, podría ser justificable.
Investigaciones sobre contratos sospechosos
En un intento por esclarecer el uso de los recursos del Senado, López anunció el inicio de investigaciones sobre dos empresas que han mantenido contratos con la Cámara Alta. La primera, Full Service de México, ha recibido más de 60 millones de pesos anuales para la administración de archivos, a pesar de que no se han encontrado registros de su trabajo. La segunda empresa, Grupo Piasa, encargada del mantenimiento de elevadores, también enfrenta un proceso de rescisión de contrato por un monto significativo, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos.
Defensa de Monreal ante las acusaciones
Ricardo Monreal, por su parte, rechazó las acusaciones de corrupción, calificándolas de “infundios y falsedades”. Aseguró que todos los contratos en cuestión fueron adjudicados a través de licitaciones públicas y respaldados por auditorías que él mismo solicitó durante su mandato como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Monreal defendió su gestión al señalar que se realizaron 77 auditorías en un periodo de cinco años, con un bajo número de observaciones, lo que, según él, demuestra la transparencia de su administración.