Las propuestas de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador representan una amenaza directa a la independencia judicial y al Estado de derecho, según la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A. C. Esta conclusión fue alcanzada por la BMA en colaboración con el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Diálogo Interamericano. En un informe publicado, analizaron las propuestas de reforma constitucional presentadas por López Obrador en febrero pasado.
Las conclusiones del informe son claras: las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador buscan afectar de manera dramática a los poderes judiciales de todo el país, en perjuicio de los derechos humanos de todas las y los mexicanos. Un golpe de esa magnitud no puede ser ignorado, afirmó Víctor Olé Peláez, presidente de la BMA.
Entre las propuestas destacan la elección de jueces por votación popular y la reducción de sus mandatos, así como la vinculación de sus salarios a los del Poder Ejecutivo, y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial cuyos miembros serían elegidos por votación popular.
El informe señala que son pocos los países en el mundo que eligen a jueces por votación popular, como Bolivia y Estados Unidos, y su experiencia confirma que se compromete la independencia y la imparcialidad judicial.
En lugar de resolver los casos con imparcialidad y actuar como control del abuso de poder, los jueces dictarían sentencias para complacer a quienes ostentan mayor poder y para ganar más votos. Las iniciativas de reforma pondrían en peligro los derechos de las minorías y el Estado de Derecho, expuso Amrit Singh, profesora de práctica y directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho.
En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte la emisión de decisiones para satisfacer a grupos políticos a cambio de incentivos. Además, reducir el mandato judicial para que coincida con el sexenio presidencial politiza aún más la elección popular.
Un Tribunal de Disciplina Judicial elegido por votación popular, cuyo mandato coincidiría con el presidencial, y cuyas decisiones serían definitivas e inapelables, podría convertirse en un arma contra jueces, incluidos los ministros de la Suprema Corte de la Nación, que adopten decisiones adversas al gobierno de turno, precisa la BMA.
La Barra Mexicana de Abogados sostiene que una victoria decisiva de Morena en las elecciones del próximo 2 de junio podría reforzar su control sobre el Congreso, potencialmente perpetuando el proyecto populista de López Obrador al socavar aún más los frenos y contrapesos en el país.
Mientras los mexicanos se dirigen a las urnas en unas elecciones que están poniendo a prueba la democracia mexicana, es fundamental que la protección de la independencia judicial y el Estado de derecho esté en el centro de cualquier debate público sobre el futuro de México, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano.