El Senado de la República se encuentra en proceso de evaluación sobre la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para aplazar la elección judicial programada para 2025. Esta petición, que busca un retraso de 90 días, ha sido calificada por Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, como una opción que no se considera la más “ortodoxa”. En declaraciones a medios de comunicación, Noroña subrayó la importancia de no interrumpir el proceso electoral y la necesidad de un diálogo con las autoridades electorales para tomar una decisión adecuada.
La petición del INE y su justificación
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, confirmó que la solicitud de aplazar las elecciones judiciales hasta octubre de 2025 se fundamenta en la necesidad de garantizar un proceso electoral de calidad. Según un documento que el INE compartirá con las mesas directas del Congreso, este tiempo adicional permitirá compensar las demoras ocasionadas por la incertidumbre en el despliegue de actividades necesarias para el adecuado desarrollo del proceso electoral.
Impacto del aplazamiento en el proceso electoral
El aplazamiento de la elección judicial implicaría ajustes significativos, como la modificación del artículo segundo transitorio de la reforma judicial, el cual establece que la elección debe llevarse a cabo el primer domingo de junio de 2025. Los consejeros del INE argumentan que este tiempo extra facilitaría no solo el diseño y la impresión de la boleta electoral, sino también la capacitación de los integrantes de las mesas de casilla y la correcta distribución de la documentación electoral.
Desafíos y perspectivas futuras
Fernández Noroña, aunque reconoce la presión que enfrenta el INE por el tiempo perdido, considera que posponer la elección podría generar críticas en los medios de comunicación. A pesar de las complicaciones, el Senado está comprometido a dialogar y a evaluar todas las opciones para asegurar que el proceso electoral se realice de manera efectiva y sin contratiempos, reafirmando así su independencia y facultades en la toma de decisiones relacionadas con el proceso electoral.